Hay que desmontar las estructuras ilegales patrocinadas por el Estado

Como estrategia para buscar la paz de la ciudad, el 5 de enero de2009, el Presidente Uribe propuso escoger 1.000 jóvenes de los barrios populares de Medellin para matricularlos becados en entidades de educación superior en carreras con conocimientos de información y apoyo a organismos de justicia y seguridad del Estado.

Y prometió darles empleo en esos mismos organismos a los dos años cuando terminaran. Excelente propuesta, la mejor que se haya escuchado como estrategia de posconflicto. A los jóvenes y a los desmovilizados que no delincan hay que darles empleo y educación.

De súbito, retumba la propuesta reciente de dar $100.000 mensuales a 1.000 universitarios que se vuelvan informantes. Sin dudas, el Presidente debe regresar a la propuesta inicial. Un grupo de informantes universitarios permanentes se vuelve una estructura ilegal oficial tenebrosa.

El examen que debe hacerse la ciudad es cómo desmontar las estructuras ilegales pagadas por el estado, para poder divisar cuáles son las estructuras ilegales privadas que hacen del crimen una empresa. Tolerar tantas estructuras ilegales, en ocasiones oficiales, tiene confundida a la ciudadanía, han estimulado una cultura de ilegalidad que cada dia se generaliza más. La gente que trabaja en actividades ilegales es tan numerosa que ya ni se cuentan. Veamos.

El Estado en lugar de dar empleo a los desmovilizados les ha entregado becas eternas.  En 2003 se dio la primera desmovilización grande, la del Bloque Cacique Nutibara. El proyecto era conseguir empleo para las 900 personas que dejaban las armas, obligarlos a estudiar, y hacerle un seguimiento continuo para asegurarse  que no seguían delinquiendo.

A partir de 2004, la alcaldía de Sergio Fajardo decidió que en lugar de empleo a los desmovilizados se les daría una beca mensual de $400.000 sin hacer nada productivo; en otras palabras, llegó a un acuerdo de entregar en efectivo los dineros públicos del posconflicto para que se lo repartieran entre los desmovilizados. Así, todos los desmovilizados se vinieron a Medellin y volvieron a quedar al mando de anteriores jefes. Con la ayuda del gobierno nacional, la alcaldía llegó a becar 4.200 desmovilizados, sin hacer nada, y ojo, durante seis años continuos.

Investigadores urbanos, coinciden en asegurar que cerca del 70% de los desmovilizados siguen delinquiendo.   Si es asi, los desmovilizados que delinquen son una estructura ilegal pagada por el estado.

Luego, La alcaldía de Alonso Salazar construyó el programa jóvenes con futuro. A 1.200 jóvenes que entregaron un arma, se les colocó una beca mensual permanente de $400.000 pesos y no se les investigó ni el pasado ni el arma. La Fiscalía nunca conoció bajo qué norma se recogieron esas armas o porqué se indultaron a los poseedores de armas ilegales. Investigadores sociales aseguran que, muchos, utilizaron esas becas para modernizar el armamento y seguir delinquiendo. De ser asi, sería otra estructura ilegal pagada por el estado.

Corpades (2009) aseguró que en Medellin hay 19 convivir ilegales con radios y apoyos de Metroseguridad de la Alcaldía. De ser cierto, serían innumerables las estructuras ilegales apoyadas por el estado.

Estos ejércitos ilegales oficiales son también una amenaza contra la democracia. Ahora en época de elecciones, son muchos los candidatos al Congreso que no los han dejado hacer política limpia en la ciudad.

Es muy importante que la ciudad se haga un exámen de las estructuras ilegales existentes con apoyo estatal y las desmonten de inmediato. Qué bueno que el Presidente Uribe, el Alcalde Alonso Salazar y el Gobernador Ramos vuelvan a la propuesta inicial de Uribe de apoyar mil jóvenes de los barrios populares, becarlos en la universidad de tiempo completo y en dos años garantizarles empleo en los organismos de seguridad del Estado. Sería un excelente mensaje de paz y trasparencia.