07 Agosto - 2020

Fiscalía General de la Nación, FGN, apeló la decisión del Juez de Garantías que se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el alcalde de Armenia

El Juzgado Quinto Penal Municipal de Control de Garantías se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el alcalde suspendido por 3 meses, José Manuel Ríos Morales, y contra la directora de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez, por presuntos delitos cometidos en la celebración del contrato 002 2020 con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS. No queda claro que el préstamo de $50.000.000 a la campaña de Ríos Morales para su campaña a la alcaldía violaba el tope permitido y según el Estatuto Anticorrupción, para el caso de Armenia y el potencial de votantes no podía exceder los $ 29 millones 999 mil, es decir, se desfasó en el préstamo o aporte en $ 20.000.000.

Negada medida de aseguramiento contra el alcalde suspendido de Armenia, José Manuel Ríos Morales, en tanto la Fiscalía apeló la decisión del juez de garantías
 
La idoneidad del testigo estelar del ente investigador quedó en duda, luego de la exposición de la defensa de la exdirectora de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez. El juzgado Quinto Pena Municipal de Control de Garantías se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el alcalde suspendido de Armenia y contra la señora Gabriela Valencia Vásquez, por presuntos delitos cometidos en la celebración del contrato 002 2020 con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS.
 
En su imputación, la Fiscalía Sexta Seccional argumentó que el alcalde Ríos Morales habría determinado que Valencia Vásquez celebrara dicho contrato, pactando la adquisición de tapabocas y guantes con sobreprecio y con el propósito de beneficiar,con una mayor rentabilidad, a una persona que les prestó $ 50.000.000 al mandatario para financiar la campaña de 2019, y quien, además, es el compañero sentimental de una mujer que, para el momento de los hechos, se desempeñaba como Subdirectora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Dafi.
 
Para el juez de primera instancia, con la exposición y elementos aportados por los abogados defensores - Jorge Marío Bolívar, en representación del alcalde suspendido, y de Sandra Milena Urrea Orlas, representante de Valencia Vásquez - se demeritaron cada uno de los planteamientos ofrecidos por parte de la Fiscalía en relación con el desarrollo d elas conductas delictivas.
 
"Fueron claros en verificar que realmente la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades no había sido afectado porque demostraron que, para el 20 de marzo, la persona que le prestó el dinero a la campaña no pertenecía a la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS, ya que había vendido las acciones desde el 18 de febrero, de allí entonces que no existía una inhabilidad", aseguró el juez.
 
Agregó que el hecho de que fuera un aportante para la campaña de Ríos Morales determinaría una posible vinculación que, de llegar a ser aceptada, no se trataría de una inhabilidad, sino una demostración de un posible interés indebido en la celebración de contrato.
 
"Si se tuviera al menos un elemento probatorio por parte de la Fiscalía, referente a que la señora tenía el pleno conocimiento del aportante de la campaña, se podría hablar de delito".
 
En cuanto al delito celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, el juez manifestó que la defensa logró probar que los requisitos estaban debidamente establecidos. 
 
"Lo cierto es que esa circunstancia no tendría mucha incidencia, por el hecho de ser una urgencia manifiesta, ya que las personas que están llamadas a proteger al pueblo no podían esperar a que se emitiera un acto administrativo para entrar a desarrollar actividades de esa índole".
 
Respecto al peculado por apropiación en grado de tentativa, dijo que al no tener el aportante a la campaña una participación probada en la empresa contratada, esta perdió validez, además porque la versión del testigo estrella, que daba cuenta de una instrucción precisa sobre el aportante a la campaña, quedó defraudada, puesto que la defensa demostró que es una persona que cambia fácilmente su testimonio y no da credibilidad.
 
Noticia de El quindiano y su enfoque
 
Negada medida de aseguramiento para José Manuel Ríos Morales y Gabriela Valencia Vásquez
 
Escrito por Rubiela Tapazco Arenas
 
El Juez 5 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Armenia se abstuvo de dictar medida de aseguramiento de privación de la libertad en su domicilio, como lo solicitó la Fiscalía en contra del suspendido al alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales y de la exdirectora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Gabriela Valencia Vásquez, a quienes se les imputo cargos por presuntas conductas ilegales en contratación durante la pandemia.
 
El juez plantea que se defendió al municipio y a sus subalternos en una pandemia, al suscribir el contrato 02 y que no hubo peculado porque no se desarrolló, ni hubo sobrecostos y fue modificado con variaciones en los precios, lo que impidió el peculado, ya que el contrato no tuvo avance y no se causó perjuicio a la administración y de hecho está suspendido en este momento.
 
Señaló el Juez que los elementos materiales probatorios planteados por la fiscalía no tienen la fortaleza para señalar que las conductas tuvieron su desarrollo.
 
El juez descalificó al testigo estrella de la Fiscalía Javier Acero, tras escuchar los contundentes argumentos de la abogada Sandra Milena Urrea, quien durante la audiencia de este jueves basó su argumentación en cuestionamientos al supervisor del contrato en referencia, Javier Acero, a quien calificó de no ser un testigo creíble y que ha faltado a la verdad.
 
Dijo que es una costumbre de Acero decir cosas que no son ciertas, además criticó los sustentos aportados por la Fiscalía y afirmó que “Estamos acostumbrados a inflar las imputaciones para lograr resultados y en este caso, la imputación no está debidamente acreditada”.
 
En cuanto a los cuestionamientos de la Fiscalía, la abogada dijo que Gabriela Valencia no suscribió el contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a inhabilidades no se acredito el valor subjetivo y que en ningún momento su cliente está interesada en obstruir la justicia como lo afirma sin pruebas la Fiscalía y el Ministerio Público.
 
Aseguró que el organismo persecutor penal, se olvidó de la presunción de buena fe de Gabriela Valencia y que no fue bien sustentada la inferencia razonable de autoría o participación en los hechos imputados.
 
Alegó que la fiscalía no probó que se hayan realizado actos relacionados con manipulación de la prueba o manipular testigos, ni existen elementos materiales probatorios que impliquen pensar en modificar o destruir documentos de prueba, si se tiene en cuenta que ya no está en la administración municipal.
 
Urrea Orlas, pidió al juez despachar desfavorablemente la petición de la Fiscalía de aprobar la medida de aseguramiento contra su defendida Gabriela Valencia Vázquez y José Manuel Ríos Morales, solicitud que fue atendida por el juez.
 
Los abogados Jorge Mario Bolívar, defensor del alcalde José Manuel Ríos Morales y Sandra Milena Urrea defensora de Gabriela Valencia Vásquez expusieron durante horas, sus argumentos para descalificar la investigación y las evidencias del ente acusador logrando el objetivo de impedir la medida de aseguramiento de privación de la libertad en su domicilio, para los dos imputados.
 
Contra la determinación se pueden interponer los recursos de reposición y apelación, dijo el juez, a lo que respondió positivamente la Fiscalía.